Pero la paz no es silencio. Aquiescencia y colaboración del Estado mexicano ante las desapariciones forzadas.

—y luego,
con quién hablar si a nadie
le importa mi gritada,
y nadie, en fin,
se va a dejar caer por estos huecos
en que anda mi bramido balbuciendo

Marx Rojas, “El turno del aullante”

En México hoy conviven una realidad y un discurso cruentamente enfrentados. La primera, un reclamo producto de la experiencia de las miles de personas que han sufrido la pérdida de un ser querido ante la espiral de violencia estructural en ascenso sostenido. El segundo se trata de la negación instalada en el seno del Estado Mexicano como respuesta a dicha crisis, basta decir, ante su propia incapacidad de reconocerla y solventarla.

Es de sentido común que la muerte es un fenómeno natural e inexorable, que se asimila de múltiples formas en la vida en común de cualquier sociedad. Siguiendo los pasos de Claudio Lomnitz en su ya clásica Idea de la muerte en México (2005), ésta ha tomado en nuestra región diversas manifestaciones, ya como símbolo nacional, ya como motivo pictórico o como celebración agonística —pensemos en el Día de Muertos con su inconfundible flor del cempasúchil, sus calaveras de azúcar y sus altares—, por mencionar sólo algunas de sus expresiones más destacadas. Sin embargo, su significante actual posee dimensiones opacas, a punta de silencio inconmensurables. La muerte, al tiempo que convive con esas otras versiones alegres y festivas, tiene un semblante cotidiano que no es alegre, ni festivo ni mucho menos digno.

El saldo no es menor y, por ello, es difícilmente inteligible. En México, se repite desde abril de este año, existen más de 133 mil personas desaparecidas. Desapariciones catalogadas como forzadas de acuerdo con la propia Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México desde 2007. El pasado 17 de abril, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —un grupo de 10 expertos independientes y reconocidos en el campo de los derechos humanos— publicó su Decisión Adoptada relativa a México en virtud del artículo 34 de la Convención. Este artículo invoca la procedencia de una evaluación por parte del CED a partir de la información proporcionada por diversos actores (colectivos de personas buscadoras, activistas, académicos, sociedad civil, etcétera). En este caso, la investigación abarca un pasmoso período de 10 años.

No sobra mencionar que el CED no tiene facultades para elaborar una conclusión, de manera que sus trabajos se limitan a emitir recomendaciones. El Comité únicamente puede presentar su informe ante la Asamblea General de la ONU si determina “preocupación suficiente” por la situación en un Estado miembro. Ésta es nuestra situación. En ningún otro país adherido a la Convención, aun Afganistán, se ha activado dicho procedimiento.

¿Cuál fue el veredicto? Un saldo de más de 133 mil personas desaparecidas desde 2012 —año en que el Comité inició sus trabajos de investigación en el territorio— hasta 2023. La evaluación del CED determinó que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.

El fondo de esta crisis, como el informe identifica, está acompañado por los siguientes fenómenos: el Comité ha resuelto que existen indicios bien fundados —un parámetro central para determinar una emergencia de lesa humanidad en la que se producen desapariciones forzadas como una práctica sistemática, generalizada y dirigida contra la población civil. Además, con conocimiento del ataque de parte del Estado mexicano. En suma, una guerra total.

Este diagnóstico resuena a Clausewitz (De la guerra), pues se trata de una agresión irrestricta en la geografía de un país. No hay un campo de batalla circunscrito y, por tanto, no se limita a un frente determinado. Todo es un objetivo de ataque: cualquier hombre, mujer o niño. Incluso a plena luz del día. Es una guerra que ha perdido todos sus contornos y finalidad. Como se ve, está situada en las antípodas del pensamiento de alguien como Michael Walzer (Just and unjust wars).

“Algunas guerras no son el infierno”, dice Walzer, ignorando la naturaleza no convencional de la mayoría de los conflictos armados contemporáneos. El flagelo de la guerra absoluta que hemos vivido durante décadas no puede llamarse de otra manera que un infierno. Nuestra guerra es un infierno.

Después de aquella mañana de abril, todos y cada uno de los titulares de medios nacionales se plagaron de un solo concepto: aquiescencia —del latín acquiescentia que significa consentimiento—. El Comité determinó que el Estado mexicano actuó con aquiescencia ante el fenómeno generalizado y sistemático de desaparición forzada en el país durante al menos una década, bajo todas sus administraciones. Éste es un elemento constitutivo de la guerra a la que nos arrojaron. Como lo indica su raíz latina, la aquiescencia no es más que un puro y llano consentimiento. Se confunde fácilmente con alguna forma de pasividad. De omisión involuntaria, que implica una falta de responsabilidad moral. Por lo tanto, de consecuencias.

Pero la aquiescencia no es dejar de hacer, dejar de actuar, dejar de preferir, no notar —como quien no repara en que le ha entrado una basura en los ojos, y es asaltado con sorpresa e indefensión por el dolor. No es omitir con pasividad. Es, en cambio, una decisión activa, contraria a su aparente inmovilidad. Es notar, es saber y no hacer. Es un silencio que se instala con volición. Aquí no hay atadura de manos alguna: es un silencio dispuesto, activo. Es consentimiento pero también complicidad.

La respuesta de la presidenta de México resulta en una clara rectificación de este diagnóstico. Al día siguiente de la publicación del Comité, durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo la desestimó y eligió el silencio. Sobre todo el silencio. En absoluta congruencia con la ausencia de este tema en su programa, antes de asumir la presidencia, se ha negado sistemáticamente, hasta hoy, a recibir colectivos de personas buscadoras, en particular aquellos encabezados por las madres de cientos de miles de desaparecidos. A veces, casi en abierta confrontación. Incluso un pequeño animal de compañía, que no tiene capacidad para solicitarlo —un pato registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual en las últimas semanas—, ya ha gozado de un foro público. La imagen es grotesca, una risotada en el vacío de la muerte.

Así, es posible notar que una de las políticas más consistentes de este gobierno —y de sus antecesores— es la formalización del silencio. En un país como México, en el que sus instituciones se caracterizan por ser tan fuertes como castillos de aire, el silencio y la colaboración han resultado en nuestra institución más estable.  

El idioma de la administración, el lenguaje oficial, consiste en hacer desaparecer todo otro lenguaje para hablar de los problemas que aquejan al país, en este caso, la desaparición y la violencia. No hay un lenguaje; en su lugar existe un silencio orquestado, frío como el fuego que sólo la carne cercenada, quemada hasta la médula, podría sentir. Quizá algo parecido a la nada. Bajo este silencio se intuiría que es fácil comprender nuestro Estado actual en términos similares a los de las dictaduras del Cono Sur durante el siglo pasado. A pesar de sus claras similitudes, no es así.

Resultaría de una absoluta ingenuidad o de un oportunismo faccioso creer que los responsables de esta situación se vinculan exclusivamente a una u otra administración — a unas cuantas cabezas—, y no advertir que todos ellos, sin distinción, son responsables. Una hidra unida por un solo tronco.

¿Qué ha pasado desde entonces? Desde la guerra contra el narco en adelante, mucho más. Un rosario de dolor: San Fernando, Ayotzinapa, Cadereyta, Tlatlaya, Apatzingán. Después se implementó la  militarización del país -–ideada en 2012 pero formalizada finalmente en 2024, ¡en vísperas del décimo aniversario de Ayotzinapa! A esta política antiderechos siguió el desmantelamiento natural del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el progresivo desmantelamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por último, el de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Desde entonces, se cuentan de miles en miles los restos humanos plantados en cientos de fosas clandestinas en nuestro territorio (Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y Sinaloa). Incluso —para sorpresa de algunos— en la capital del país. Una sucesión de pústulas (el escritor Juan Francisco Herrerías lo ha advertido bien) en nuestro mapa. El saldo: 133 mil personas desaparecidas.

Cuando conocimos la tragedia ocurrida en el Rancho Izaguirre, aquella mañana despertamos con la portada de un medio nacional cuyo titular rezaba: “espectacular luna de sangre”, aludiendo al deslumbrante eclipse del día anterior. Y al pie de la luna, aparecía un recuento menor: las fosas, los cráneos apilados, los jirones de piel, reducciones de carne humana, nombres silenciados todos en el polvo. Estas imágenes, cuya inmanencia en el tiempo es  posible sólo gracias a la impunidad, únicamente rectificaron el grado de compenetración entre el silencio del Estado y una corporación estructurada en nuestra vida cotidiana: la del crimen organizado, con sus respectivas secciones —una administrativa, la otra sanguinaria—.

El crimen revela su anverso: el Estado criminal organizado bajo la apariencia de un gobierno legal que, lejos de garantizar la protección de sus ciudadanos, los empuja a esta corporación delictiva, ya sea de manera pasiva o activa. Los arroja a la guerra.

¿Cómo lo hace? Sus mecanismos se encuentran a la vista de cualquiera; se trata de la doble función que cumplen diversos funcionarios y políticos mexicanos: por un lado, el rol de administradores del cuerpo burocrático que les corresponde y, por el otro, el de la organización criminal en una o muchas de sus actividades en diversos niveles de complicidad. En la actualidad, casi una decena de gobernadores han sido señalados por sus vínculos con diversos cárteles en México. Esto no es una sorpresa. Lo verdaderamente sorprendente es el asombro con que la “opinión pública” recibe las imputaciones cada vez más graves contra estos y otros políticos mexicanos. Los de ayer, los de hoy. Los de siempre.

Lo anterior revela un Estado incapaz de gestionar y dirimir el conflicto. Un Estado que no puede sentarse a la mesa con el narcotráfico. Me refiero al momento en que era posible identificarlos como entidades separadas, circunstancia que suponía una condición previa, la de la simetría en el poder de negociación de cada cual. Pero el Estado Mexicano hoy es uno débil, no sólo plenamente subsumido por el sector sanguinario del crimen que no logró mantener a raya, sino que se le ha adherido de manera absoluta. La impunidad de la que gozan las organizaciones criminales es una consecuencia directa —hasta natural— de estas condiciones.

Lo que este Estado débil sí ha podido administrar, en el sentido pasivo de su compenetración con el crimen, han sido las condiciones que coartan la libertad y determinación de los ciudadanos bajo su jurisdicción, a través del sangramiento del presupuesto federal anual, la extinción pública y abierta de partidas que benefician a minorías, fondos catastróficos y especiales. Pero también gracias a un intercambio perverso —no puede ser llamado de otra forma—, el de la erradicación de la pobreza extrema salarial de millones a cambio del aumento de la pobreza multidimensional de otras decenas de millones: el acceso a la salud pública, a la seguridad social, a la alimentación y educación dignas en todo nivel, a derechos sociales básicos (este diagnóstico se encontraba en el mismo informe elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2022, hoy también extinto).

Los perjuicios de este intercambio perverso no acaban ahí: acusan asimismo un aumento de la carga fiscal en los sectores más pobres —es decir, un incremento rampante y rabioso de la desigualdad— y la horrorosa subsunción de miles de millones de trabajadores a horas y más horas de extenuación en beneficio de unos cuantos, los dueños de su trabajo. De aquí se infiere que el problema capital en nuestro país no es la corrupción, sino otro.

Se trata de condiciones propicias para llevar a un animal al matadero. En una doble operación, deshumanizar primero y coartar después. Atar de manos. Sin margen de maniobra, sin libertad para elegir, las y los mexicanos más pobres —los más en nuestro país— se encuentran a merced del crimen, todo ello bajo la tutela silenciosa de un Estado que sirve al crimen y a su propósito: manufacturar y gestionar la miseria.

Este funcionamiento ratifica que la corporación Estado-crimen no supone una cara y una contracara de la misma moneda, no hay compenetración entre dos entidades diferenciadas; lo que tenemos es, en cambio, una sola corporación integrada plenamente. Un fenómeno estructural que los y las académicas han identificado décadas atrás, y sobre el que muchos han decidido callar de manera activa. Esto es, han aceptado colaborar.

La muerte en México no es, reitero, ni alegre ni festiva —como pretende el cempasúchil instalado en contravención a las estaciones de nuestro hemisferio, servidas a la fuerza por nuestro gobierno en el plato del turismo, listo para ser engullido. Esta forma de morir no es honorable, puesto que ha perdido todo vínculo con su intimidad: resulta una muerte que no es tal en la medida en que no acontece, permanece suspendida en un limbo. Éste es el fondo de las desapariciones. Un duelo perpetuo y trunco.

La nueva significación de la muerte, la nuestra, la de cientos de miles de personas en México, implica a su vez una nueva ritualidad, otra vez en palabras de Lomnitz, la transformación de la muerte como articuladora de nuestro tiempo: la imposibilidad de atravesarla con dignidad. En suma, un permanente régimen de espera.

Pareciera que todo esto es una farsa, grotesca como suelen ser. Y quizás no hay otra manera de narrar el horror sino a través de un subterfugio, porque instalado el silencio, todos los demás, a quienes tenemos por perdidos y vemos ya sólo a través de la nota roja, los diarios y sus cifras, ya no son humanos. Mirando a través de una ventana, esto es lo que vemos:  otra vez los jirones de carne, de piel quemada, las pilas de zapatos, de nombres silenciados por el polvo.

Ni los altares, ni las fiestas, ni los colores festivos interpelan su significante más actual. Hay que darse cuenta —si aún hay quienes no lo ven— de que la muerte en nuestro país se ha convertido en una inmensa herida colectiva que, junto al silencio, es capaz de atravesar el tiempo.

Arte en portada,
The echo of silence, Théo Kerg