Experto en epistemología social y filosofía de la mente, Mario Gersollen disecciona la condición infernal de los hospitales, particularmente públicos. Su análisis no sólo devela lo que encubre el discurso de las carencias hospitalarias en el que se centra el debate público, sino que, a la luz de experiencias practicadas en otros países, propone caminos para escapar del infierno.
En memoria de Inés Mendoza Bejar
La diferencia entre el infierno y el purgatorio en la teología clásica es definitiva: del purgatorio se sale, del infierno no. El purgatorio es sufrimiento con horizonte; el infierno es sufrimiento sin salida. Cuando la vida de una persona —su supervivencia, su dignidad, la posibilidad misma de sobrevivir— queda indefinidamente atada a un entorno hospitalario que la maltrata, la ignora o la pone en riesgo, ese hospital se convierte en un infierno en sentido estricto: un lugar del que no se sale ileso, ni siquiera con vida, y del cual tampoco se escapa mientras se necesita.
Los infiernos hospitalarios no son, sin embargo, iguales. Están los que queman despacio, a fuego lento. En ellos, el paciente crónico depende del hospital durante meses o años y aprende, con amargura, que protestar empeora su suerte; que el sistema tiene más poder que él, que su único recurso es el silencio y la espera. Están también los infiernos súbitos, los de Urgencias, que se vuelven tragedia en el lapso de una hora de indiferencia: el bebé que contrae una infección que nadie debió permitir, la mujer que muere porque nadie tramitó su traslado a tiempo. Están, por últimos, los infiernos de la corrupción cotidiana: el familiar que paga en efectivo y en silencio porque sabe que sin ese dinero su enfermo será invisible. En todos los casos, la característica del infierno es la misma: la persona queda atrapada sin salida real, porque el hospital es simultáneamente el lugar del peligro y el único lugar donde puede buscar auxilio.
Lo que hace aún más perturbador este fenómeno es que, en buena medida, estos infiernos no son el resultado de la pobreza y la falta de recursos, sino de prácticas y culturas institucionales de impunidad sistémica.
Durante décadas se ha hablado de un sistema de salud público colapsado: escasez de medicamentos, falta de camas, equipos obsoletos, presupuestos insuficientes. Este diagnóstico es real y urgente. En México, por ejemplo, el gasto público en salud en 2025 representó apenas el 2.5% del PIB, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), muy lejos del mínimo del 6% recomendado por la OMS. Para ponerlo en contexto: Argentina destina alrededor del 8% de su PIB a la salud pública, Brasil ronda el 7% y Colombia supera el 5%. Héctor Villarreal, fundador del CIEP, lo resumió con crudeza: “Lo que nuestro sector público gasta en salud es similar a lo que ocurre en países muy pobres de África. Somos una anomalía fiscal”. El dinero importa, y su escasez duele.
Sin embargo, centrar obsesivamente el discurso en la falta de recursos funciona también como pantalla: nos convence de que el desastre hospitalario se debe únicamente a la pobreza de insumos, mientras se invisibiliza todo lo demás. La penuria presupuestal no explica los 434 mil muertos que un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y el Instituto de Estudios de Salud Suplementaria atribuyó a errores médicos evitables en Brasil en 2015 —equivalente a dos muertes cada tres minutos—. No explica que el NHS británico, uno de los sistemas mejor financiados del mundo, registre que 1 de cada 13 pacientes adquiere al menos una infección hospitalaria, según la encuesta de prevalencia puntual de 2023 realizada en 121 instituciones del NHS. La negligencia institucional y la falta de cultura de seguridad del paciente son, en gran medida, independientes del nivel de gasto. En los países de ingreso medio-bajo, donde ambos problemas se superponen, las consecuencias son devastadoras: la OMS estima, en su Informe Global de Seguridad del Paciente 2024, que 134 millones de eventos adversos ocurren anualmente en hospitales de estos países, provocando 2.6 millones de muertes al año.
Más allá de la carencia de recursos existe, pues, una violencia institucional cotidiana —hecha de negligencia, maltrato e impunidad— que convierte a demasiados hospitales en infiernos para quienes los necesitan. Nadie lo señala porque es difícil de politizar.
El verdadero infierno hospitalario no está únicamente en la falta de medicamentos, sino en los errores evitables y la indiferencia profesional que ponen en riesgo la vida de los pacientes a cada momento. Las prácticas de higiene relajadas se han normalizado en muchos hospitales públicos latinoamericanos: falta de lavado de manos, personal sin guantes, equipo reutilizado sin desinfección adecuada. Un catéter colocado sin la asepsia necesaria puede significar una infección mortal.
El caso más ilustrativo en México sucedió en 2015, en el Hospital Regional No. 1 del IMSS en Culiacán, Sinaloa: 84 recién nacidos contrajeron una infección masiva por la bacteria Klebsiella pneumoniae debido a la falta de limpieza de áreas, ropa de cama e incluso a malas prácticas de higiene del personal. Catorce de esos bebés murieron. La investigación de la Cofepris y la recomendación 061/2018 de la CNDH confirmaron que no se trataba de falta de insumos sino de omisiones en el cuidado: en ese hospital existían los protocolos; simplemente no se seguían. Además de este caso, un análisis de los registros de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), elaborado con datos de la Secretaría de Salud obtenidos vía transparencia y reportado en 2025, muestra que entre 2015 y 2019 morían alrededor de 14 de cada 100 pacientes que contraían una infección hospitalaria en instituciones públicas mexicanas; desde la pandemia de COVID-19 hasta 2024, esa tasa subió a casi 20 de cada 100. Esta mortalidad supera con creces el promedio global: según la OMS, el 10% de los pacientes hospitalizados sufre algún evento adverso —discapacidad o muerte— por atención insegura.
México no es una excepción aislada, sino la expresión aguda de un problema global. En Estados Unidos, el informe To Err is Human del Institute of Medicine estimó entre 44 mil y 98 mil las muertes anuales por errores médicos. En Inglaterra, un estudio publicado en la revista BMJ Quality & Safety en 2012 encontró que el 5.2% de las muertes hospitalarias en hospitales de agudos podría haberse prevenido. Dicho porcentaje equivale a cerca de 12 mil muertes evitables al año; los problemas más frecuentes eran la monitorización clínica deficiente (31.3% de los casos), los errores de diagnóstico (29.7%) y el manejo inadecuado de medicamentos (21.1%). Incluso el NHS, con toda su fortaleza institucional, enfrenta una realidad persistente de daños evitables.
Muchos protocolos médicos escritos nunca se cumplen en la práctica. Las guías clínicas establecen tiempos de intervención, criterios diagnósticos y cuidados mínimos; sin embargo, en numerosos hospitales cada servicio hace lo que puede –o lo que quiere–. Un paciente puede pasar horas sin valoración en urgencias no necesariamente por falta de médicos, sino porque el personal está saturado de papeleo o porque se priorizan trámites administrativos sobre la atención inmediata. Lo que no se vigila, en el sistema hospitalario, simplemente no existe.
La CNDH ha documentado casos espeluznantes de incumplimiento de protocolos en México. Sólo en Tamaulipas, entre 2022 y 2024, emitió nueve recomendaciones dirigidas al IMSS y al ISSSTE por negligencias graves que incluyeron muertes evitables: una mujer con tumor uterino falleció porque no se gestionó a tiempo su traslado; un bebé prematuro murió tras cuidados inadecuados; un paciente con miastenia gravis perdió la vida porque no había internista disponible. En todos los casos, las normas médicas se conocían pero no se aplicaron. Sin embargo, entre enero de 2020 y agosto de 2022 no hubo una sola sanción administrativa firme por negligencia médica en el IMSS, según informó el propio instituto en respuesta a solicitudes de información pública documentadas por Animal Político en 2023. El promedio anual de casos judicializados de negligencia médica en México en la última década es de apenas 37, con un mínimo de 20 y un máximo de 60, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal, y en la mayoría son demandas civiles que resultan en indemnización económica, sin sanción profesional ni penal para el médico responsable.
Este problema tampoco es exclusivo de México. En Brasil, trabajos publicados en la Revista Bioética señalan que el número de casos de error médico ha crecido de forma notable, pero la discusión sobre la víctima y los mecanismos de rendición de cuentas es prácticamente inexistente en el debate público. En toda América Latina, la impunidad médica es estructural y el silencio institucional, la regla.
Cada uno de estos errores y omisiones tiene rostro humano. No son estadísticas abstractas, sino personas que mueren o sufren complicaciones irreparables debido a fallas prevenibles. Sin embargo, rara vez se admiten abiertamente. Las autoridades prefieren hablar de “falta de material” o de “circunstancias inevitables”, cuando lo cierto es que buena parte del daño proviene de negligencias que podrían corregirse.
Detrás de las cifras frías hay un sinfín de pequeñas crueldades cotidianas: pacientes con dolor extremo esperando horas por un analgésico, familiares angustiados mendigando información, enfermos ignorados en pasillos porque “así es el sistema”. El trato deshumanizado se ha normalizado. En bastantes hospitales públicos ni siquiera se asigna un médico de cabecera al paciente internado: distintos especialistas ven “por partes” al enfermo. Con ello, la responsabilidad se diluye y nadie asume la visión integral. Cuando sobreviene una complicación o la muerte, nadie da explicaciones claras ni rinde cuentas. Como ha señalado la jurista Eunice Rendón: “Hemos normalizado que la gente sufra daños en hospitales, llegando incluso a la muerte, sin recibir una justificación bien sustentada de lo que sucedió”.
¿Por qué muchos pacientes y sus familias callan ante estos abusos? Porque saben —o temen, con razón— que protestar es arriesgarlo todo. Se ha instalado una perversa extorsión emocional institucionalizada: el paciente se convierte en rehén del silencio de sus seres queridos. La amenaza tácita circula de cama en cama: “más vale no decir nada, porque luego te lo cobran”. No es paranoia: la Fundación No Más Negligencias Médicas ha documentado más de 11 mil casos de mala praxis en México, y reporta que el 80% de las negligencias no se denuncian por temor a represalias o pérdida de atención; apenas el 20% de los casos documentados llegan a un proceso formal. A nivel latinoamericano, investigaciones sobre transparencia y anticorrupción han encontrado que cerca de un tercio de las personas que denuncian hechos de corrupción sufren represalias posteriores. El miedo no es irracional: es una respuesta calibrada por una realidad.
A todo lo anterior se suma el rostro más reconocible del infierno: la corrupción. Desde el médico que sugiere al paciente trasladarse a su consultorio privado para “darle mejor atención”, hasta el enfermero que insinúa que con una “cooperación voluntaria” se puede agilizar un estudio, muchos familiares se ven orillados a pagar por fuera servicios que deberían ser públicos y gratuitos. El hospital público se convierte así en un mercado sumergido donde la salud se negocia en susurros y la vida adquiere un precio.
México encabeza las encuestas de corrupción en servicios básicos en América Latina. Según el informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional, el 51% de los mexicanos reconoció haber pagado un soborno para acceder a algún servicio público esencial. En 2024, Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 140 de 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción –su peor posición histórica, a la altura de Irak y Uganda–. Los hospitales públicos figuran entre las instituciones donde los pagos informales son más frecuentes: desde pagos para obtener una cama o adelantar una cirugía hasta la compra clandestina de medicamentos que “no hay” en la farmacia del hospital.
En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) documentó el desvío de 2 mil 300 millones de reales del sector salud por corrupción entre 2002 y 2011. El patrón es regional: fondos destinados a salud drenan hacia redes de corrupción, y esa carencia real que producen sirve de coartada para justificar nuevos cobros informales. Es un círculo infernal: la corrupción genera carencia, y la carencia alimenta la corrupción.
Otro círculo vicioso que perpetúa el infierno es la burocratización extrema de la atención. Con frecuencia, el personal sanitario parece más preocupado por llenar formularios, completar expedientes y cuadrar estadísticas que por el bienestar inmediato del paciente. Se premia la rutina burocrática por encima de la ética clínica. El mensaje institucional implícito es terrible: es preferible un paciente muerto con papeles en regla que uno salvado por salirse de la norma administrativa.
Esta distorsión está enquistada. La propia CNDH, en sus recomendaciones, ha tenido que exigir una y otra vez la reorganización de procedimientos cotidianos en hospitales: una paciente murió porque su referencia a otro hospital no se tramitó a tiempo; un enfermo grave falleció porque el especialista no fue convocado adecuadamente. Omisiones burocráticas –una llamada que nadie hizo, un formulario que no se gestionó– que resultaron letales. Como señaló un análisis en la revista Nexos, “la medicina ha sucumbido ante el aparato burocrático de la administración, haciendo que numerosos profesionales deban renunciar a los principios más básicos de la profesión”. La Conamed –creada en 1996 para mediar en conflictos de mala praxis– resuelve cientos de casos al año, pero carece de facultades para sancionar: si una de las partes no acepta la recomendación, legalmente no pasa nada. El resultado es una impunidad casi absoluta que refuerza esa idea.
¿Por qué este infierno diario permanece oculto en el debate público? Porque las víctimas directas casi nunca alzan la voz, y las pocas que lo hacen se enfrentan a un muro de negación institucional. Los colegios médicos cierran filas protegiendo el prestigio del gremio; los sindicatos defienden a sus agremiados aun cuando haya evidencia de negligencia. Y a nivel político, es más cómodo anunciar el fin del huachicol de medicamentos que reconocer que en los hospitales, administrados por el partido en turno, persisten conductas indignas. Para el ciudadano común, esos abusos diarios son los que definen su realidad sanitaria: no el desfalco del sexenio anterior, sino la enfermera que le pide dinero hoy; no el pleito entre farmacéuticas y gobierno, sino el médico que lo ignora.
El Informe Global de Seguridad del Paciente 2024 de la OMS arrojó un dato revelador: apenas un tercio de los países del mundo ha desarrollado planes nacionales de acción en materia de seguridad del paciente, y sólo el 13% cuenta con representantes de pacientes en las juntas directivas de la mayoría de sus hospitales. El problema no es únicamente de recursos, es de voluntad institucional y de diseño.
La discusión pública necesita urgentemente cambiar de eje. Hay que llamar a los infiernos hospitalarios por lo que son: espacios de violencia institucional, negligencia normalizada y chantaje emocional. El Dr. Lucian Leape y sus colegas del Instituto Lucian Leape –adscrito al National Patient Safety Foundation y luego integrado al Institute for Healthcare Improvement de Estados Unidos– identificaron, en un artículo publicado en Quality and Safety in Health Care en 2009, cinco principios para transformar los hospitales en organizaciones de alta confiabilidad: transparencia en la divulgación de errores; integración de la atención entre equipos y disciplinas; participación activa de los pacientes en su propia seguridad; desarrollo de una auténtica cultura de seguridad, y reforma de la educación médica para poner la calidad y la seguridad en el centro. Estos principios son tan pertinentes en México o en Brasil como en Estados Unidos.
La experiencia internacional ofrece ejemplos concretos de lo que funciona cuando hay voluntad política y diseño institucional adecuado. El NHS británico lanzó en 2005 una campaña nacional de control de infecciones hospitalarias con metas obligatorias, supervisión externa e incentivos presupuestarios. El resultado, documentado en un estudio publicado en Clinical Infectious Diseases en 2020, fue una reducción de aproximadamente el 80% en las infecciones bacterianas de torrente sanguíneo adquiridas en UCI. Entre 2010 y 2016, el número de casos de MRSA se redujo en un 57% y los de Clostridium difficile en un 45%. Esto no se logró comprando más medicamentos: se logró con protocolos aplicados, supervisión real y consecuencias institucionales.
En materia de derechos del paciente, los Países Bajos ofrecen otro modelo relevante. Desde 2017, la ley WKKGZ obliga a todos los proveedores de salud a afiliarse a un comité independiente de disputas cuyas resoluciones, vinculantes, eliminan la dependencia de la “buena voluntad” y garantizan al paciente una instancia con dientes reales, no meramente conciliatoria. En Finlandia existe un ombudsman independiente de pacientes; en Suecia, un Comité Consultivo de Pacientes cuasi-independiente. La investigadora Aline Albuquerque, en un artículo publicado en la Revista Bioética en 2018, analizó la figura del ombudsman del paciente para el contexto latinoamericano y concluyó que el modelo más efectivo es el que opera localmente en el propio hospital, con autonomía e independencia garantizadas por ley, análisis ágil de reclamos y facultades reales de intervención —no sólo de mediación—.
Hay, por tanto, medidas puntuales y comprobadas que México y otros países de la región podrían implementar:
- Protocolos con dientes: cada hospital debe contar con auditorías médicas, comités de calidad con representación externa y supervisión del cumplimiento normativo turno a turno que corrijan desviaciones y generen consecuencias reales cuando se detectan. No basta con emitir protocolos: hay que asegurarse de que su incumplimiento tenga costos institucionales.
- Formación ética y humanización de la atención: recuperar la cultura de que el paciente es un sujeto de derechos, no un número. Esto implica reformar los planes de estudio médico y de enfermería para incluir ética clínica, comunicación y manejo de errores, tal como propone el Instituto Lucian Leape en su programa de transformación de la educación médica.
- Realineación de incentivos institucionales: ligar parte del presupuesto y los bonos de desempeño a indicadores de calidad —reducción de infecciones hospitalarias, de quejas fundadas, de eventos adversos— y establecer mecanismos de intervención en los servicios con resultados alarmantes, en lugar de premiar el silencio y la cobertura de cuotas administrativas.
- Ombudsman del paciente con autonomía real: crear una instancia independiente –con presencia física en los hospitales, facultades de intervención inmediata y protección legal de su autonomía– que reciba quejas in situ y pueda interceder de forma efectiva. El modelo neerlandés y el análisis de Albuquerque para contextos latinoamericanos muestran que esto es operativamente factible.
- Protección del denunciante y canales de queja efectivos: si un familiar presenta una queja formal, que se active un monitoreo especial de la atención que recibe el paciente para impedir represalias. Es indispensable difundir entre la población sus derechos, porque hoy la mayoría desconoce la existencia de instancias como la Conamed.
- Tolerancia cero a la corrupción cotidiana con mecanismos reales: instalar sistemas de reporte anónimo –incluyendo canales digitales– para que usuarios reporten intentos de soborno; aplicar sanciones ejemplares a quienes incurran en estas prácticas; simplificar trámites engorrosos que incentivan la “gestión por fuera”. Una investigación publicada en BMC Health Services Research sobre la experiencia de India, donde una línea telefónica gratuita para reportar pagos informales en centros de salud mejoró significativamente el conocimiento de derechos y la confianza de las usuarias, muestra que estas intervenciones concretas funcionan incluso en entornos de recursos limitados.
- Rendición de cuentas institucional pública: publicar indicadores por hospital —tasa de quejas por cada mil atenciones, tasa de eventos adversos, satisfacción del paciente medida externamente— y asegurar que la comunidad los conozca. La presión informada de la sociedad es, en muchos sistemas, el primer motor del cambio.
Estas medidas apuntan a un cambio de enfoque: de la obsesión exclusiva en los recursos a una preocupación real por las prácticas y la ética en el día a día hospitalario. Por supuesto, incrementar el presupuesto en salud sigue siendo urgente —México destinó en 2025 apenas el 2.5% del PIB en salud pública, frente al mínimo del 6% recomendado por la OMS, y los recortes de los últimos años han profundizado la brecha—. Pero de poco servirá ese dinero adicional si no se transforma la cultura institucional. El NHS británico logró sus resultados más notables en reducción de infecciones no con más dinero, sino con más protocolo, más transparencia y más consecuencias reales. Lograr esto es más difícil que comprar medicinas o construir hospitales. También es más urgente.
Mientras estas transformaciones de fondo no ocurran, los infiernos hospitalarios seguirán ahí: invisibles para las estadísticas oficiales y los discursos triunfalistas, pero presentes en cada familia que atraviesa sus pasillos. Seguirán operando como máquinas de silencio, como fábricas de dolor administrado, como instituciones que castigan la protesta y premian la indiferencia. Hablar de ellos es, quizás, el primer acto de resistencia. Es, sin duda, también el primer paso para que los hospitales dejen de ser sinónimo de infierno y recuperen su razón de ser original: cuidar la vida.