El artículo de Pedro Porraz aborda el tema de los graves peligros que hay en la regulación de las plataformas digitales que se está llevando a cabo en varias partes del mundo y que el gobierno mexicano quiere elevar a rango de ley. Su presencia en este número dedicado a pensar el “lugar”, además de mostrar uno de los problemas que nacieron con su pérdida, es un adelanto de una de nuestras próximas entregas dirigida a reflexionar sobre la Inteligencia Artificial.
Desde mediados de julio del 2025 se han presentado varias controversias sobre lo que gobiernos, empresas y organizaciones civiles buscan hacer con la internet y sus contenidos. Dos de ellas buscan corregir el mismo mal: el consumo de contenido inapropiado, particularmente el de pornografía. Pero más que una discusión sobre la moralidad de los contenidos que se consumen, lo que hay detrás de esa controversia son dos preguntas: ¿prohibir algo en realidad nos protege de algo?; ¿qué valoramos más, la posibilidad de seguridad y protección o la libertad?
La primera controversia es la siguiente: la distribuidora digital y página de ventas de videojuegos Steam (Valve Corporation) actualizó sus reglas sobre contenido permitido y añadió que no se podrá publicar nada que viole los estándares de los procesadores de pago, bancos, redes relacionadas o proveedores de internet. Tras la implementación de esta regla, a exigencia de Visa, MasterCard y otras procesadoras de pago, Steam retiró miles de juegos con contenido para adultos.
La regla usada por MasterCard para justificar la expulsión de este contenido de Steam fue la regla 5.12.7, que establece que ningún proveedor debe ofrecer productos ilegales ni dañinos para la marca del procesador de pagos. Dentro de esa misma regla se cataloga como no permitido “contenido sin valor artístico... como actos sexuales o mutilaciones no consensuadas”. Esto parece tener mucho sentido, pero ¿quién y cómo se define lo que es el arte?; ¿el arte es lo que una marca acepta como algo que no daña su reputación según sus propios criterios?; ¿qué tipo de contenido de un tercero puede dañar la imagen de una compañía de procesamiento de pagos?; ¿por qué las reglas de una compañía privada pueden determinar lo que se consume en diferentes países?
La segunda controversia corresponde a la Online Safety Act del Reino Unido, cuyo principal objetivo es impedir el acceso a contenidos ilegales y dañinos pidiendo a las compañías implementar medidas de vigilancia que usen inteligencia artificial para detectar y prevenir este tipo de contenido y a quien lo consuma. Se pide que en sitios que provean acceso a contenido para adultos, como PornHub o Discord, debe solicitar que los usuarios se identifiquen con documentos oficiales que validen su mayoría de edad. Por ahora no es obligatorio, pero hay sitios, como Discord, que solicitan los datos biométricos de los usuarios. Todo bajo la bandera de “proteger a las infancias”. Si alguien decide no hacer caso, se le puede multar y prohibir su plataforma.
Es difícil argumentar contra algo que pretende cuidar lo que consumen los infantes. Pero, tomar medidas que prohíban el acceso a plataformas que no cumplan con proporcionar los datos de sus usuarios al gobierno y registre lo que los ciudadanos consumen y comparten, debe levantar nuestras cejas y llevarnos a la pregunta: ¿quién define un contenido dañino debe ser el mismo que dicta la condena?
Estas medidas no son sucesos aislados ni únicos. En varias partes del mundo los gobiernos han empezado crear leyes que regulan el acceso a internet, como la S. 737, la Screen Act de los Estados Unidos, que busca exactamente lo mismo que la ley británica, o la “ley de ciberseguridad” en México que, entre muchas cosas, quiere hacer que los ciudadanos estén obligados a proporcionar datos biométricos a sus proveedores de servicios digitales y de telefonía, y facultar al ejército para tomar acciones legales contra publicaciones que el gobierno considere que desinforman o incitan a la violencia; las cuales están definidas de manera ambigua.
No es la primera vez que negar los servicios de procesadores de pagos se usa para presionar a compañías y organizaciones a cumplir con las exigencias de algún grupo. En 2020 se usó para obligar a PornHub a borrar ciertos contenidos de su plataforma, y PayPal ha llegado a congelar cuentas de sus clientes, como lo hizo en 2017 con el periódico canadiense Rebel News, a causa de sus opiniones políticas y conservadoras.
Es innegable que este tipo de medidas ha llegado a tener resultados benéficos, como en 2020, cuando las procesadoras de pago boicotearon a PornHub y lograron que la plataforma retirara alrededor del 80% de su contenido, que se componía de videos ilegales que se obtuvieron a través de la trata de personas y de abusos a menores.
Bajo ese ejemplo, es posible aceptar que quienes impulsan medidas de esa naturaleza tienen preocupaciones válidas que buscan resolver problemas reales. ¡Tienen razón! Los niños y las niñas no deberían estar expuestas a la pornografía ni a la violencia extrema ¿Quién podría estar en desacuerdo con ello?
El peligro no está allí, sino en no detenerse cuando el problema se solucionó. Cuando eso sucede, lo que se obtiene no es protección, sino opresión. Cuando se trata de la censura y de medidas preventivas por parte del Estado, se presenta un dilema: libertad contra responsabilidad. Cuando alguien gana libertades, sus responsabilidades crecen, pero cuando se delegan las responsabilidades, en especial al Estado, se pierde libertad.
Frente a este dilema, de naturaleza moral, las medidas de control para impedir que se acceda a ciertos contenidos serán contraproducentes. Las personas siempre encontrarán la manera de burlarlas. Pueden usar un VPN o, si llegaran también a prohibirse, siempre es posible falsificar la identidad. En este caso, las y los niños abusarán de la ingenuidad de sus padres y usarán sus cuentas e identificaciones para acceder a contenidos que naturalmente despiertan su curiosidad; a la prohibición le sigue el deseo.
Boicotear plataformas muy grandes, cuyos productos, aunque gooners, son completa y totalmente legales, abrirá las puertas al mercado negro de nuevos competidores cibernéticos que facilitarán transacciones en las que contenidos verdaderamente ilegales se intercambiarán. En vez de proporcionar productos seguros y libres de abusos, los controles abrirán paso a la ilegalidad, el secretismo y la criminalidad.
La censura jamás ha evitado la demanda, simplemente la dificulta y da poder y dinero a organizaciones indeseables como la mafia o los cárteles. Cuando el gobierno estadounidense prohibió el alcohol en los años veinte, surgieron personajes como Al Capone; se prohibió el alcohol y nació la Mafia; la prohibición de la droga en México ha multiplicado los crímenes de los cárteles. Si ahora se prohíbe el contenido para adultos, ¿quién nos asegura que no se repetirá una historia semejante? Si MasterCard ya no procesa los pagos, alguien vendrá a hacerlo; el contenido censurado no desaparecerá y el dinero cambiará de manos.
El hecho de que cada nación establezca sus propias leyes y criterios de censura, prohibiendo el anonimato, terminaría por hacer que la World Wide Web se convierta en múltiples Region Wide Webs que funcionarían como panópticos virtuales para un control gubernamental de las ideas.
Esta pulverización de la World Wide Web haría que lo que esté disponible en un lugar ya no lo esté en otro y que la comunicación que existe entre los ciudadanos de diferentes naciones se pierda junto con la facilidad de compartir desde cosas tan banales, como pasos de baile, hasta cuestiones tan relevantes como las ideas. Las personas quedaríamos entonces alienadas, cada uno en su propia nación.
Ante estos intentos, el mundo no ha guardado silencio. Lo que incitó el golpe de Estado de los ciudadanos de la generación Z en Nepal fueron las medidas que el antiguo régimen estaba tomando con respecto a las redes sociales. El gobierno de Nepal había exigido a las grandes compañías detrás de las redes sociales establecer oficinas en su país, de lo contrario, el acceso a sus sitios se les impediría. Las compañías se negaron, y los pobladores de Nepal, al ver que las plataformas que les permiten la libre asociación virtual iban a desaparecer, destituyeron a su primer ministro y comenzaron a instituir un nuevo régimen.
Más allá de ese hecho, hay en internet varios usuarios que han tomado la imagen de Clippy como icono de protesta contra las corporaciones y gobiernos que buscan más control sobre la internet. No por nada la piratería digital está en aumento.
Hay que recordar que si bien, las medidas de censura ofrecen protección, tranquilidad y el final de malas prácticas, también tienen un alto costo en libertad. No hay una solución perfecta ante ningún problema, pero si nosotros, como ciudadanos e internautas, no tenemos el cuidado suficiente, este tipo de medidas abrirán las puertas al totalitarismo.